Reflexión clase 25/08: Politicas educativas de equidad e inclusión en Chile

 En esta oportunidad, se discutió el decreto que se desarrolló en torno al tema educativo para las personas con discapacidad y que requerían mecanismos de inclusión.

El decreto mencionado, contempla principalmente la subvención y gastos que puede requerir el establecimiento educacional para otorgar al individuo las condiciones mínimas en su estadía por el lugar. Este aspecto, da cuenta del escaso alcance que tiene y ofrece el sistema legislativo en relación a la función de protección y bienestar de los ciudadanos, sobre todo aquellos que presentan discapacidades o necesidades distintas al común de la población, la cual solo compensa a través de mecanismos económicos, sin considerar los ámbitos comunitarios y estructurales que estos individuos requieren para una real integración, tanto a nivel escolar como social.

La forma en que los estamentos gubernamentales afrontan y abordan el tema discapacidad, es desprendida del real significado de integración, y no vela por el derecho fundamental de tener una vida como agente activo, sino que se reduce su estado a la dependencia de un acto benéfico o una carga para el sistema común que se emplea con el resto del alumnado. Es decir, se actúa como un agente paternalista y proveedor, donde no se otorgan las herramientas reales y necesarias para la inserción e independencia de las personas con discapacidad.

Un ejemplo de lo expuesto, se observa en la limitación de cupos que los establecimientos educacionales tienen, debido a que los recursos (incluso considerando la subvención estatal), no alcanza para cubrir siquiera las necesidades mínimas de los alumnos con discapacidad, y menos aún, se cuenta con el personal capacitado y suficiente para su real desarrollo e integración. Por otro lado, cuando los recursos si alcanzan, pero no existen individuos que presenten las condiciones de discapacidad, se sobre-diagnostica a los niños de la población escolar existente, con el fin de no perder la subvención. Todo esto lo que retrata es un sistema mal diseñado, implementado e ideado, con definiciones sin bases científicas, y que no velan por los derechos, sino simplemente por la cobertura.